Madrid amplía el plazo para pedir ayudas Covid aumentando sectores y el plazo de solicitud.

La Comunidad de Madrid va a ampliar la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, incluyendo nuevos sectores y extendiendo el plazo para solicitarlas, con el objetivo de llegar a más pymes y autónomos que estén atravesando dificultades económicas ante la pandemia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado incluir un total de 56 sectores adicionales, entre los que se encuentran los concesionarios de coches, fabricantes de bebidas, de maquinaria, comercio al por mayor, transportistas, servicios de mudanza, escuelas infantiles o agencias de publicidad, entre otros.

Para ello, se ha dado luz verde a prorrogar el plazo para formalizar la solicitud de las ayudas –previsto inicialmente hasta hoy-, y que ahora permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio a través de la página web de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid.

Los nuevos sectores aglutinan a más de 156.000 empresas que emplean a casi 458.000 personas en la región. El importe de las ayudas a las que pueden acceder abarca desde los 3.000 hasta los 200.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha sido la primera región que ha empezado a abonar las ayudas a las empresas y autónomos que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. De esta manera, un total de 12.609 autónomos madrileños ya han recibido los fondos, por importe de 51,7 millones de euros.

La convocatoria de ayudas de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado mes de abril por el Ejecutivo regional ya contemplaba 25 sectores más de los que recoge el Real Decreto del Estado del Gobierno central, como son las peluquerías y centros de belleza, entre otros. Con la inclusión de las nuevas áreas de actividad, el Gobierno autonómico llega en conjunto a 176 sectores en su convocatoria de ayudas, frente a los 95 que contempla el Real Decreto.

El Gobierno regional va destinar un total de 899,2 millones de euros, es decir, 679 millones de línea financiado por el Gobierno de España más los 220 millones con fondos propios aportados por el Gobierno regional para compensar a los sectores afectados y que el Ejecutivo central había dejado fuera en su Real Decreto.